Refundación del Poder Judicial de Guerrero

El Poder Judicial del Estado de Guerrero, se está consumiendo en la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo, desde mucho antes de que los actuales magistrados mandaran a golpear a sus trabajadores, que les han negado sistemáticamente el derecho de agremiarse y obtener sus prestaciones de ley y le mintieron al Senado de la República, ya perdieron autoridad moral para impartir justicia.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado se maneja con absoluta opacidad y falta de transparencia, a nadie le rinde cuentas, no es auditado por ningún medio, ni en lo financiero ni en sus actividades jurisdiccionales.

De mantenerse así, auguramos que, en un futuro no muy lejano, podría romperse la convivencia social y será imposible acceder a la paz y la tranquilidad de todos los guerrerenses.

Tenemos que recuperar la función jurisdiccional, el verdadero Estado de Derecho con el único fin de aplicar los más altos principios de la justicia.

Los actuales magistrados han sido incapaces de hacer respetar la división de poderes, en los hechos son empleados del Ejecutivo y dictan resoluciones obedeciendo consignas políticas, han traicionado el ideal de Morelos, dictado cuando se fundó el Primer Tribunal del País, en Ario de Rosales, Michoacán, al decir “que todo él se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda ante el fuerte y el arbitrario”, en los hechos aquí ese ideal es una gran simulación, la justicia sólo la obtiene el poderoso, es costosa y atenta contra el artículo 17 de la Constitución Mexicana.

PROPUESTAS PARA LAS INICIATIVAS POPULARES DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO Y A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

Los magistrados son nombrados para 8 años y pueden ser ratificados por otros 7 años, permaneciendo hasta 15 años en el cargo, proponemos que duren 4 y de ser ratificados sea sólo por otros 3 años, no más.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia se elige para 3 años y puede reelegirse por otros 3 años, proponemos que la reelección, no sea consecutiva, para evitar el abuso de poder que existe en el Tribunal.

Debe imponerse dentro de las causas de suspensión, inhabilitación o destitución de jueces y magistrados, que no promuevan ni contraten durante su período, a familiares y amigos en los cargos de la administración o de jurisdicción en juzgados, salas y en general de todo el Tribunal.

Vamos a establecer verdaderos mecanismos que garanticen la carrera judicial, mediante procesos de transparencia para saber la calidad de las sentencias y demás actos jurisdiccionales de jueces, secretarios, actuarios y demás servidores públicos, tomando en cuenta su antigüedad y experiencia en lo administrativo y jurisdiccional.

Ya no deben existir Juzgados Mixtos, sino especializados en materias civil, familiar y penal, en la Costa Chica y la Montaña.

Debe establecerse que serán causas de suspensión, destitución e inhabilitación inmediata, a jueces y magistrados, de cometer nepotismo, tráfico de influencias, acoso sexual, corrupción o cualquiera otra conducta que ofenda la impartición de justicia.

Deben prohibirse y sancionarse el cobro por expedición de copias certificadas, es un gran negocio, pero agrede la gratuidad de la justicia que consagra la Constitución.

Debe abolirse por completo la dádiva y el “moche” por trámites judiciales, diligencias y otros actos de corrupción.

Deben transparentarse los ingresos reales de magistrados, jueces y altos funcionarios del Poder Judicial, cumpliendo con la nueva política de austeridad republicana de que nadie debe ganar más que el presidente de la república.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia debe dejar de ser también presidente del Consejo de la Judicatura, éste debe ser un órgano garante de la honestidad en la actividad jurisdiccional.

Deben legislarse auténticos mecanismos de transparencia para auditar la aplicación del presupuesto y otros ingresos del Poder Judicial.

Se debe establecer que el retiro y la jubilación se hagan conforme a las leyes establecidas para todos, quitando el privilegio que existe sólo para los magistrados que se van con una pensión del 100% de su salario.

Debe instituirse que la función de juzgador será la de actuar con honestidad, imparcialidad y enaltecer los más altos principios de la justicia, en la ley orgánica no existe esto.

Que los magistrados sean electos mediante mecanismo democrático, que el pueblo los elija de manera libre.

Que los servidores públicos del Poder Judicial elijan al presidente del Tribunal Superior de Justicia mediante voto secreto y directo.

Que el Pleno tenga atribuciones jurisdiccionales para constituir criterios que permitan la solución de conflictos, homologando resoluciones en un mismo sentido.

Para llevar a cabo estas propuestas, he ido a las 18 cabeceras distritales judiciales de Guerrero, para tener las firmas del 2% de la lista nominal y presentar ante el Congreso de Estatal, tres iniciativas populares: a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y a la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia de Guerrero.

Atentamente

Lic. Rubén Cayetano García